Declaración Universal de los Derechos Humanos: deudas

MTRO. GERARDO A. HERRERA PEREZ

Hace 62 años, este 10 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento de mayor trascendencia para la humanidad y el derecho internacional contemporáneo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ( recogio elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que data de 1789) conformó un inventario de derechos y libertades esenciales que los Estados están obligados a preservar y fomentar. La Declaración es un documento mediante el cual la comunidad internacional manifiesta su voluntad política para respetar y no atentar contra las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas.

No obstante ello, todos los días cientos de mexicanos y mexicanas luchan contra la discriminación para obtener pleno acceso a la educación, a la salud, a la participación política y a la justicia. La Declaración Universal de los Derechos humanos consigna que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, no obstante, apreciamos que aún nos falta mucho por caminar sociedad civil y autoridades para cumplirlo en la práctica.

México tiene aún mucho por hacer para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida nacional, sí, los tiene con los pueblos y comunidades indígenas, y con otros grupos vulnerables como los discapacitados, las personas de la tercera edad, quienes tienen un credo religioso diferente, para quienes tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual, si bien existen avances, incluso políticas públicas y marcos normativos, aun podemos observar como los estigmas, los estereotipos, los prejuicios promueven la discriminación, la exclusión y la violación a los derechos humanos de dichas personas, por ello, comentamos que en estos últimos diez años, aun quedan pendientes que requieren de estrategias integrales para avanzar en la construcción de una sociedad incluyente y plural que respeta la dignidad y los derechos de todos y todas.

De ahí la importancia que nuestro marco jurídico no solo otorgue las garantías al ciudadano como si fuera una concesión, sino que el Estado Mexicano reconozca que todos los derechos humanos son la base fundamental de su interacción con sus ciudadanos nacionales. En ese sentido nos parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo propio al confirmar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, no solamente reconoció que era constitucional sino lo confirmo, permitiendo que se diera un avance en la cultura de la igualdad de la Ciudad de México.

Cumplir con nuestras obligaciones y demandar nuestros derechos podría ser la mejor manera de honrar el voto de aquel 10 de diciembre de 1948 en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración que instituyó el compromiso universal con los derechos humanos.


Otras formas de honrar esta importante fecha sería que nuestros legisladores armonizaran los marcos normativos con los acuerdos suscritos por México y ratificados por el Senado tanto federales como locales que beneficie a los grupos vulnerables como los discapacitados, las personas de la tercera edad, los indígenas; que se instale el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la Discriminación y Violencia en Michoacán; atender a las niños y niñas y sus padres que son jornaleros migrantes con una política pública integral que respete sus derechos humanos; darle oportunidad a la comunidad transexual de dejar de ser indocumentadas en su propio país para otorgarles identidad; buscar que la equidad de género se dé en los hechos dotando de condones femeninos a las mujeres para que decidan sobre su cuerpo y sobre sus derechos sexuales y reproductivos impidiendo que avance el VIH SIDA; aprobar los marcos normativos a favor de las personas del mismo sexo, quienes también pagan impuestos y contribuyen al progreso del País y de Michoacán; aprobar las modificaciones a la Constitución Local y sus leyes reglamentarias a favor de los indígenas de Michoacán.