lunes, julio 19, 2010

SOCIEDAD CIVIL Y MIGRANTES.




MTRO. GERARDO A. HERRERA PEREZ

Como es ya conocido, la polémica LEY SB1070 de Arizona entrará en vigor el próximo 29de julio de 2010 y es la primera en estados unidos en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados y otorga funciones de agentes de inmigración a la policía local, entre otros aspectos. Situación que plantea a la sociedad civil cuando menos de Michoacán apoyar a los connacionales y respaldar las acciones diplomáticas que realicen las autoridades mexicanas para impedir que dicha ley entre en vigor en próximos días (se espera que el 23 de este julio pueda declararse inconstitucional por la Corte Federal de los Estados Unidos).

Diversas organizaciones de la sociedad civil: Fuerza Migrante, Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, Sociedad Mexicana de Derechos Humanos, Michoacanos Unidos por la Salud y Contra el Sida, A.C. Club Espejo Chicago Morelia, A.C., GADISZAC, Grupo Queréndaro y FAIS, realizaron diversas actividades, entre ellas, la Conferencia Magistral “ Problemática Actual de la Migración” por Jerjes Agruirre y Gonzalo Badillo, ambos especialistas en la materia, tanto en la academia el primero, como desde el Congreso de la Unión el segundo. Adicionalmente se realizo una caminata este sábado 17 de julio y se presento un pronunciamiento cuyo propósito fue :Primero: Reconocer el trabajo y contribución que hacen los migrantes mexicanos en los Estados Unidos; Segundo: Respaldar las acciones que vienen realizando los Poderes Públicos de los diferentes niveles de gobierno para defender, apoyar, auxiliar y asesorar a nuestros compatriotas con motivo de las leyes antiinmigrantes de Arizona; y Tercero: Exhortar a nuestras autoridades para que se continúe trabajando a favor de impulsar una Reforma Migratoria integral, que permita una protección legal, así como igualdad de trato en las condiciones laborales entre los inmigrantes y los trabajadores nacionales de la Unión Americana. En dicho Pronunciamiento se plantearon varias consideraciones entre ellas que nos parece importante que se debe aplicar el marco normativo internacional para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y sus familias y que es fundamental su cumplimiento para evitar prácticas discriminatorias contra los derechos humanos de las personas indocumentadas, y por su impacto que ello genera en el desarrollo de una atmósfera de persecución y hostigamiento contra los migrantes en general.

Adicionalmente se planteo que la población migrante desde el siglo pasado y hasta nuestros días, ha enriquecido y fortalecido la creación de la vida nacional de los Estados Unidos, tanto en lo económico, como en lo sociocultural. Existiendo más de 12 millones de indocumentados actualmente

En él se preciso que el estado de Arizona ha promovido la creación de leyes antiinmigrantes, entre ellas, el establecer como delito el ser indocumentado, la prohibición de becas para estudiantes indocumentados en las universidades, la negación del derecho a una fianza y las limitaciones para el acceso a beneficios públicos entre otras y que hoy, pudieran ser replicadas en otros estados de la Unión Americana. Todo ello, en detrimento de las normas y tratados internacionales, como la Convención Internacional sobre Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias que está en vigor a partir del año 2003, pero que aun no ha sido ratificado por los Estados Unidos.

Un considerando adicional fue el que expresaron a favor de que los trabajadores migrantes y sus familias, requieren de una política migratoria que regule el trato, el bienestar y los derechos humanos tanto de los inmigrantes documentados como de los indocumentados, junto con las obligaciones y responsabilidades que debe asumir el Gobierno de los Estados Unidos y México.

En el pronunciamiento solicitaron los siguientes aspectos:

Primero: Porque el Gobierno de México continúe promoviendo acciones diplomáticas ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para que se realicen acciones de protección de los derechos humanos de los connacionales, todo ello en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales así como los principios de la Convención Internacional sobre Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias de nuestros connacionales.

Pero que de no impactar con los recursos diplomáticos porque no se haya tenido el efecto esperado, se instrumenten medidas más formales que, desde los enfoques legislativos y apegados a la normatividad de nuestro país y el Derechosa Internacional permitan proteger los derechos y la integridad de los migrantes mexicanos.

Segundo: Porque el Gobierno de México mantenga un diálogo estrecho y de construcción de acuerdos diplomáticos bilaterales, así como de intercambio y cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos de América que les permita alcanzar la mejor vía para encontrar soluciones y mecanismos viables para el ordenamiento de la migración hacia los Estados Unidos y su aprobación de una política migratoria integral, que facilite acceder a un ambiente sin racismo y xenofobia que ha costado vidas humanas y situaciones tensas en la frontera.

Tercero: Porque el Gobierno de México, a través de su estructura operativa, fortalezca presupuestal y humanamente a los consulados de México en el Estado de Arizona y otros estados donde se puede replicar normas xenofóbicas para que estén en posibilidad de apoyar, auxiliar y asesorar a los migrantes mexicanos y a sus familias.

Cuarto: Porque el Gobierno del Estado de Michoacán a través de su estructura operativa continúe informando de manera permanente a las y los michoacanos sobre las acciones emprendidas por el Gobierno de México y de los Estados Unidos respecto de la controversia de inconstitucionalidad de la Ley SB 1070 y de las acciones que el gobierno federal ha realizado y realizará para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior y de las que ya realiza el Gobierno de Michoacán para el mismo fin.

Quinto: Porque los Poderes Públicos en Michoacán aprueben marcos normativos como la Ley de Derechos de los Migrantes y sus Familiares en Michoacán, así como Políticas Públicas que respalden la llegada de migrantes a territorio michoacano para ofrecerles programas de apoyo productivo para ellos y sus familias.

Sexto: Porque todos aquellos actores políticos, académicos, empresarios, líderes religiosos y comunitarios, activistas hispanos y mexicanos que han emprendido o emprendan acciones legales en contra de leyes xenofóbicas o discriminatorias o aintiinmigrantes, mantengan informada a la población migrante, sosteniendo una sola voz, impedir la violación a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, coadyuvando con información a nuestras autoridades para eficientar su trabajo institucional.

Séptimo: Porque el Estado Mexicano cumpla puntualmente la Convención Internacional sobre Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, tanto con los migrantes que viven en México como con los indocumentados que cruzan por nuestra frontera sur.

En término generales podemos advertir que hoy, la sociedad civil organizada está trabajando de manera responsable y madura para coadyuvar con nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno en alcanzar mejores condiciones de vida para los migrantes y sus familias, el apoyo que se pueda recibir de la sociedad en general y de los Poderes Públicos es fundamental para impulsar un proyecto demócracia participativa.